Auditoría Ciudadana al Gobierno Municipal 2024–2027

Régimen sancionatorio aplicable a quienes obstruyan, repriman o usen indebidamente la información derivada del ejercicio de este derecho

Este aviso se publica de manera permanente y verificable, con fecha cierta, para constancia ante cualquier autoridad. Las conductas dirigidas a inhibir, sancionar, perseguir o tomar represalia contra quien ejerce el derecho de acceso a la información configuran responsabilidades administrativas y penales para la persona servidora pública responsable, conforme a las disposiciones siguientes.

Régimen administrativo

• Art. 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ninguna persona puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos o indirectos.
• Arts. 7, 49, 57 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las personas servidoras públicas que incumplan los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, o que abusen de sus funciones, encubran faltas o ejerzan atribuciones ajenas a su encargo, incurren en faltas administrativas no graves y graves.
• Art. 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las sanciones aplicables incluyen amonestación pública, suspensión, destitución del empleo, inhabilitación para desempeñar empleos públicos y sanción económica, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
• Arts. 186 a 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Constituyen infracciones la negativa indebida de información, la entrega incompleta o falsa, la clasificación dolosa como reservada, la obstrucción al órgano garante y el incumplimiento de obligaciones de transparencia.

Régimen penal

• Art. 214 del Código Penal Federal — Ejercicio ilícito del servicio público. Aplicable a quien ejerza funciones sin haber tomado posesión legítima o continúe ejerciéndolas después de habérsele revocado el nombramiento.
• Art. 215 del Código Penal Federal — Abuso de autoridad. Tipifica diversas conductas en las que la persona servidora pública, en ejercicio de sus funciones, restringe ilícitamente derechos de terceros.
• Art. 217 del Código Penal Federal — Uso ilícito de atribuciones y facultades. Sanción de seis meses a doce años de prisión, sin perjuicio de inhabilitación.
• Art. 219 del Código Penal Federal — Intimidación. Sanción de dos a nueve años de prisión y treinta a cien días multa, además de destitución e inhabilitación. Aplicable específicamente a quien intente disuadir o tomar represalia por la presentación de denuncias o aportación de información.
• Art. 211 Bis del Código Penal Federal — Revelación de secretos. Aplicable cuando se divulguen indebidamente datos personales del solicitante o información protegida.
• Art. 213 Bis del Código Penal Federal. Cuando los delitos previstos en los Arts. 215, 219 y 222 sean cometidos por servidores públicos miembros de corporaciones policiacas, aduaneras o migratorias, las penas se aumentan hasta en una mitad.

Protección de datos personales del solicitante

• Art. 6, apartado A, fracción II, y Art. 16 párrafo segundo de la Constitución. El derecho a la protección de datos personales es fundamental y reconocido constitucionalmente.
• Art. 163 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Constituye causa de sanción el tratamiento de datos personales para finalidad distinta de la consentida, la transmisión indebida a terceros, el uso sin fundamento legal y la afectación a la confidencialidad.
• Arts. 67 y 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Sancionan con multas significativas y, en su caso, con prisión de seis meses a cinco años el tratamiento doloso de datos personales con fines de lucro indebido o el uso engañoso.

Protección reforzada para personas defensoras del derecho de acceso a la información

Quien ejerce auditoría ciudadana, monitoreo de gestión pública y exigibilidad de rendición de cuentas configura, conforme a estándares interamericanos, la condición de persona defensora de derechos humanos en su vertiente de acceso a la información. Esta condición activa el deber reforzado de protección por parte del Estado mexicano y la posibilidad de incorporación al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conforme a la legislación federal en la materia.

Conductas concretas que se considerarán represalia y darán lugar a denuncia formal

• Uso de los datos personales del solicitante para fines distintos de la atención de su solicitud, incluida cualquier transmisión a terceros sin consentimiento expreso.
• Inicio de procedimientos administrativos, fiscales o disciplinarios sin causa fundada en contra del solicitante, con coincidencia temporal sospechosa con sus solicitudes.
• Filtración o divulgación de información personal del solicitante, su domicilio, sus relaciones familiares, sus actividades académicas o económicas o cualquier otro dato protegido.
• Vigilancia, seguimiento o presencia injustificada de personal de seguridad, inspección o cualquier dependencia oficial alrededor del domicilio, lugar de trabajo o entorno familiar del solicitante.
• Comunicaciones telefónicas, mensajes o presencia personal dirigida a inhibir, condicionar o desincentivar la presentación de futuras solicitudes.
• Difusión de información falsa o manipulada sobre el solicitante con la intención de desacreditarlo, generada o amplificada desde estructuras vinculadas a sujetos obligados.
• Negativa sistemática de información, clasificación dolosa como reservada o entrega de respuestas evasivas con la finalidad de inhibir el ejercicio del derecho.
• Cualquier acto u omisión que cause daño a las personas referidas en el Art. 219 fracción II del Código Penal Federal: titular del derecho, familiares, socios o personas con vínculo afectivo.